Ex príncipe Andrés en los archivos de Jeffrey Epstein. Foto:Redes sociales.
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Las más recientes revelaciones judiciales en Estados Unidos reactivaron el debate en el Parlamento sobre el costo político, económico y reputacional que durante años tuvo el respaldo tácito del Estado a un miembro de la familia real vinculado con un delincuente sexual condenado.
Andrés Mountbatten-Windsor, su nombre de pila tras perder los títulos reales el año pasado, es hoy una de las figuras de las élites occidentales bajo mayor escrutinio público. Su relación con Epstein incluyó visitas a las residencias del financiero en Nueva York y Florida, viajes en su avión privado y encuentros sociales registrados en correos electrónicos y agendas incautadas por la justicia estadounidense.
En los archivos recientemente revelados, el hermano del rey Carlos III aparece en imágenes perturbadoras arrodillado frente a una joven. En el pasado fue acusado por al menos dos víctimas de agresiones sexuales, entre ellas la difunta Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell y quien aseguró haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe cuando era menor de edad.
Aunque Andrés negó reiteradamente las acusaciones, en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre en Estados Unidos, sin admisión de culpa. Ese pacto, financiado con fondos privados cuyo origen nunca fue plenamente aclarado, marcó el principio de su salida de la vida pública.
Giuffre fue una de las víctimas de Epstein que más luchó por la justicia de los horrores que vivió. Foto:X: @SumitHansd
El nuevo giro del caso vuelve a poner bajo presión a la Casa Real en un momento particularmente sensible. El reinado de Carlos III ha estado marcado por un intento deliberado de modernizar la monarquía y reforzar su legitimidad en una sociedad cada vez más crítica de los privilegios heredados.
En ese contexto, legisladores de distintos partidos exigen explicaciones sobre el nivel de respaldo que el Estado británico mantuvo hacia Andrés incluso después de que su vínculo con Epstein se volviera insostenible desde el punto de vista reputacional.
Entre los puntos más controvertidos figura el financiamiento de su esquema de seguridad personal, cubierto durante años con fondos públicos, y el alquiler simbólico pagado por Andrés durante más de veinte años en la lujosa residencia Royal Lodge, en Windsor.
Francesca Jackson, estudiante de doctorado en Derecho en la Universidad de Lancaster, dijo a AFP que la investigación de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara, aún sin fecha definida, “marca un punto de inflexión”.
Norman Baker, exparlamentario liberal demócrata entre 1997 y 2015, aseguró que la caída en desgracia de Andrés “abrió la puerta” a un cuestionamiento más amplio de la monarquía y la investigación que se avecina es “un primer paso”.
En el libro ‘Moneda real, deuda nacional: la verdad impactante sobre las finanzas de la familia real’, Baker denuncia “la gran opacidad” de las finanzas reales y arremete contra el aumento “obsceno” del Sovereign Grant, la asignación anual al rey para el desempeño de sus funciones oficiales, incluido el mantenimiento de las residencias reales.
Periódicos con la noticias de la destitución de Andrés Mountbatten Windsor como príncipe. Foto:AFP
En 2011, esta subvención ascendía a 7,9 millones de libras (más de 39.000 millones de pesos) anuales. Catorce años después (para el ejercicio 2025-2026), alcanza los 132,1 millones de libras (más de 665.000 millones de pesos) y debería llegar a 137,9 millones de libras (más de 942.000 millones de pesos) en 2026-2027.
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El incremento está ligado al cambio en el método de cálculo de la asignación, que desde 2011 se fija como un porcentaje de los beneficios del Crown Estate, la entidad que gestiona el vasto patrimonio inmobiliario y territorial de la corona. En la última década, el Crown Estate ha transferido cerca de 5.000 millones de libras (más de 25 billones de pesos) al Tesoro británico, según cifras oficiales.
Revelaciones sobre Epstein impulsan investigaciones en Europa
Pero el impacto del caso Epstein no se reduce al expríncipe Andrés, pues los más de tres millones de documentos revelados hasta ahora han reactivado una onda expansiva que empieza a sentirse con fuerza en Europa, impulsando investigaciones políticas y penales y forzando dimisiones en distintos países.
En el Reino Unido, el veterano político Peter Mandelson fue retirado en septiembre de su cargo como embajador en Estados Unidos y ahora la policía británica está investigándolo por infracciones en el cargo público al pasar información sensible del Gobierno a Epstein. Justo el domingo, Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió por abogar por el nombramiento de Mandelson cuando ya se conocía la existencia de su relación con el pederasta estadounidense.
El ex embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, y Jeffrey Epstein. Foto:Redes sociales
En Noruega, Suecia y Eslovaquia otras figuras públicas han quedado bajo escrutinio, mientras que Letonia, Lituania y Polonia han establecido investigaciones.
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En contraste, en Estados Unidos, aunque varias figuras de alto perfil han sido mencionadas en los documentos, las consecuencias políticas y judiciales han sido limitadas. Hasta ahora, solo el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton han sido llamados a testificar ante el Congreso, en el marco de investigaciones impulsadas por legisladores republicano
